El Gobierno laborista de Keir Starmer ha empezado a renacionalizar de manera sistemáticas las rutas férreas operadas por empresas privadas, muy subvencionadas, cuyos monopolios dejaron en la práctica una red carísima y plagada de retrasos, cancelaciones y fallos de infraestructura. El plan consiste en que el Estado no renueve los contratos a las empresas privadas cuando éstos terminen, sino que ahora existirá una nueva empresa pública Great British Railways, que será la encargada de organizar todo el proceso. En cualquier caso, no se espera que esta nueva empresa pública esté plenamente operativa hasta 2026. Sin embargo, la propia ministra de Transportes, Heidi Alexander, ya ha advertido que el control público de los trenes no traerá inmediatamente precios más bajos, pero sí ha prometido que su funcionamiento será mejor, ya que se necesitarán grandes inversiones y tiempo para mejorar las maltratadas infraestructuras y los propios trenes.
