
El Departamento de Estados Unidos ha vuelto a imponer sanciones contra varias empresas implicadas en la construcción del gaseoducto Nord Stream 2. Hay un total de 8 entidades sancionadas, incluyendo al propio operador del gaseoducto, ‘Nord Stream 2 AG’, así como a la aseguradora que proporcionaba seguros a las empresas implicadas en el proyecto, ‘RNBC Insurance’. Estas medidas también afectan a una veintena de busques asociados a dicho proyecto.
Desde Praefuturus, siempre hemos considerado muy significativo el silencio mediático (únicamente en los medios de comunicación occidentales, por supuesto) que rodea hasta la actualidad a este sabotaje contra una infraestructura crítica para la economía alemana e, indirectamente, también para la europea en términos generales. Otro hecho más significativo si cabe fue que las fiscalías y fuerzas de seguridad de varios países europeos tuvieron que cerrar sus investigaciones sin hacerlas completamente públicas, ante la posibilidad de que el autor intelectual del atentado fuese un país «aliado» o «socio» de confianza (en concreto, EEUU).
No debemos olvidar que EEUU pudo deshacerse de sus excedentes de gas del fracking gracias al mencionado sabotaje, a un precio más hinchado que el que era normal en el mercado (sólo son negocios). Tampoco debemos olvidar que el sabotaje sirvió para inflamar los ánimos antirrusos dentro de la UE, cuyos miembros fueron obligados a donar sus propios arsenales, municiones y recursos militares a Ucrania, al mismo tiempo que pagaban a la industria armamentística estadounidense para costear su propio y caro rearme. Todo ganancias, cero pérdidas para EEUU, que es de lo que se trata verdaderamente en este juego. La OTAN y la UE sólo son títeres sin autonomía para garantizar la hegemonía global estadounidense al precio que sea (en vidas humanas, calidad de vida, inflación, deuda, etc).
Y ahora, por si quedaba alguna duda de a quién no le interesa una Europa más libre e independiente energéticamente, la administración saliente de Joe Biden ha vuelto para imponer sanciones a las empresas que tratan reparar el gaseoducto con el objetivo de retrasar o impedir su inmediata puesta en servicio tan pronto como se dé por finalizada la guerra proxy entre la OTAN y Rusia en Ucrania.