El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha llegado a la República Democrática del Congo (RDC) ante la ofensiva del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) en el este del país africano, que ha dejado alrededor de 7.000 muertos. «Se informa de que cientos de personas han muerto y miles han resultado heridos», ha declarado Khan. Horas antes, la primera ministra de RDC, Judith Suminwa, ha alertado de que la situación humanitaria y de seguridad en el este del país había alcanzado «niveles alarmantes». Además, Suminwa también ha advertido de que a esta grave situación se suma un brote de cólera, ataques a hospitales e instalaciones sanitarias.
Desde Praefuturus, debemos recordar que el M23 ha logrado importantes avances territoriales durante las últimas semanas, gracias al apoyo financiero, armamentístico y la presencia militar de tropa ruandesas sobre el terreno. Por su parte, ha tratado de excusar su participación por la supuesta represión de tutsis congoleños por parte del Gobierno de RDC y milicias locales afines a los objetivos congoleños.
Por tanto, nos encontramos ante un supuesto conflicto étnico que oculta en realidad una lucha por la explotación de los recursos naturales del este (rico en minerales) de RDC. Es más, los territorios controlados por el M23 se dedican rápidamente al expolio y saqueo de las minas a gran escala, sacando todo el botín por las mismas fronteras de Ruanda (casualmente la principal valedora del M23).
Evidentemente, los bienes saqueados acabarán en los circuitos comerciales internacionales gracias a la interesada carencia de controles internacionales (realmente eficaces) que impidan que este tipo de operaciones de extracción y venta ilegal sigan resultando beneficiosas para sus máximos beneficiarios.
