Acorralada por las denuncias de corrupción, así como por encabezar una organización criminal, comprar votos de legisladores y manipular denuncias, la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, no sólo ha roto su alianza con el Gobierno peruano sino que también ha activado la acusación constitucional contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por homicidio por las muertes durante las protestas antigubernamentales, que dejaron 49 muertes por disparos de las fuerzas de seguridad. Dicha acusación constitucional ha llegado tres días después de que la misma fiscal general pidiese un aplazamiento de ocho meses para seguir investigando las muertes durante las protestas antigubernamentales, pero cuyo objetivo real consistía en seguir encubriendo los hechos. Sin embargo, al verse acorralada ella misma, Patricia Benevides no ha dudado en presentarse como una víctima de una persecución política por acusar a la presidenta. Por su parte, el Gobierno peruano se ha aprovechado rápidamente de la situación, tratando de descalificar así un caso sólido de violaciones de los derechos humanos.
