La Corte Internacional de Justicia (CIJ) sólo ha tardado dos semanas en responder a la solicitud de Sudáfrica de dictar medidas cautelares para impedir el genocidio en Gaza. A pesar de que Israel ya ha manifestado que no tiene la intención de cumplir esas órdenes, sus principales aliados internacionales no podrán ignorar el veredicto del máximo tribunal de la ONU. Como recuerda la experta en derecho internacional y profesora de la Universidad de Antonio Nebrija, Sonia Boulos, se podría argumentar que «los Estados miembros de la Convención sobre Genocidio tienen la obligación de no vender armas a un país al que la CIJ le ordena que se abstenga de actos o que impida actos que podrían suponer un genocidio» (asunto clave para EEUU, que suministra a Israel el 95% del armamento que Israel recibe del exterior). Por razones como esta, Washington sigue siendo el principal obstáculo para que el fallo se aplique hasta las últimas consecuencias, utilizando su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Por su parte, la propia UE ha comenzado a desmarcarse, limitándose a decir que «espera el cumplimiento total, inmediato y efectivo» de las órdenes de la CIJ, pero sin propuestas europeas reales y efectivas que pudiesen promover dicha afirmación.
