La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se extralimitó públicamente de sus funciones públicas comunitarias y presionó para conseguir que la Unión Europea apoyara incondicionalmente a un Gobierno de ultraderecha en Israel cuando éste decidió una campaña genocida contra la indefensa población civil de la Franja de Gaza. Sus acciones fueron en contra de la legislación de la Unión Europea, ya que ni la Comisión Europea ni su actual presidenta tienen el poder de hacer política exterior. Sólo los Gobiernos de los Veintisiete, elegidos democráticamente, pueden hacer tal cosa. No obstante, la presidenta ya se había extralimitado en otras ocasiones con sus visitas públicas a Kiev para apoyar al Gobierno ucraniano contra Rusia o cuando firmó unilateralmente en 2023 un pacto migratorio con Túnez en nombre de la propia Unión Europea. El principal problema es que los Veintisiete no han podido reprenderla por miedo a Estados Unidos, que la ha apoyado hasta ahora como una parte de su estrategia para reinstaurar la hegemonía estadounidense en la UE, además del miedo permanente a socavar la imagen pública de la llamada «unidad europea». Por supuesto, todo ello es síntoma de una crisis del Estado de derecho y de la legitimidad democrática en la política europea.
