El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha dado orden de que se entreguen a víctimas israelíes de terrorismo unos 32,4 millones de euros, suma cogida de los impuestos que Israel recauda en nombre de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Desde los Acuerdos de Oslo en 1993, Israel se había comprometido a recaudar los impuestos en los territorios palestinos ocupados y transferir mensualmente los fondos recaudados así como la ayuda financiera internacional a la ANP, una vez que se hubieran descontados servicios como la electricidad y el agua. Sin embargo, la transferencia había sido suspendida usando como pretexto los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre. Desde entonces, tanto Estados Unidos como el Banco Mundial han alertado de que la Autoridad Nacional Palestina hace frente a un «colapso financiero».
Desde Praefuturus, percibimos que esta medida tiene claramente varios objetivos propios. En primer lugar, intentar sobornar a las familias israelíes de los secuestrados durante los ataques Hamás, cuyos testimonios y movilizaciones están haciendo un grave daño a la imagen pública israelí del Gobierno de Netanyahu. Por otro lado, posiblemente se estén deshaciendo del dinero recaudado para la financiación de las instituciones y organismos palestinos en los territorios ocupados para imposibilitar una hipotética devolución a corto o medio plazo. También es posible que se apueste por el colapso financiero intencionado de la Autoridad Nacional Palestina, puesto que ya han sido varias las veces que las autoridades israelíes han manifestado públicamente su rechazo a una futura administración palestina de todos los territorios ocupados por Israel.
