El Tribunal Supremo de Japón ha ordenado al Gobierno a indemnizar a varias víctimas de la esterelización forzosa que tuvo lugar entre los años 50 y 70 en el país nipón y que afectó a miles de personas consideradas «inferiores» por presentar algún tipo de enfermedad o discapacidad. El jefe del actual Gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, ya ha aceptado la sentencia y ha previsto el pago público de unos 63.200 euros a cada víctima de esta cirugía forzosa, una cuantía superior a las estimadas anteriormente por la Justicia.
