La Ley de Transparencia de Influencia Extranjera, que obliga a organizaciones, medios de comunicación y entidades que reciban al menos un 20% de financiación del exterior a registrarse como «agentes que defienden los intereses de fuerzas extranjeras» bajo pena de multa en caso de incumplimiento, ha entrado en vigor finalmente este jueves, a pesar de los discursos de partidos opositores o incluso de las declaraciones públicas sobre esta cuestión procedentes desde Estados Unidos o la Unión Europea.
