La resolución, propuesta por la Autoridad Palestina, contó con 124 votos a favor, 43 abstenciones y 14 votos en contra (EEUU, Israel, Hungría, República Checa o Argentina). Se basa en un dictamen emitido en julio por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que declaraba ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos ocupados. En cualquier caso, se da a Israel un plazo de 12 meses para su cumplimiento y se abre la puerta a la imposición de sanciones económicas contra la importación de productos de los asentamientos israelíes y al cese de envío de armas, municiones y equipo. A pesar de que las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes por sí mismas, tienen un cierto peso político, al poner en evidencia el aislamiento político de Israel, incluso contando a su favor con el mermado paraguas diplomático estadounidense.
