La administración Trump anunció que planea exigir a los millones de migrantes indocumentados que viven en EEUU que se inscriban en un registro y proporcionen huellas dactilares. Los que se nieguen podrían enfrentarse a un proceso penal con multas e incluso penas de cárcel. Los padres de indocumentados mayores de 14 años también tendrían que inscribir a estos menores de edad en dicho registro. En realidad, la medida en cuestión buscaría realmente presionar los millones de migrantes indocumentados a irse voluntariamente del país, ya que proporcionar los datos exigidos permitiría al Gobierno estadounidense iniciar legalmente su deportación, mientras que incumplir la medida podría suponer penas de cárcel.
