La junta que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de 2021 ha puesto en marcha un sistema para recabar información de civiles susceptibles de ser incluidos en un programa de reclutamiento forzoso de ambos sexos (hombres de hasta 45 años y mujeres de hasta 35 años) en pleno aumento de los combates con los rebeldes birmanos. Varios equipos administrativos están ya recolectando datos sobre civiles en decenas de grandes ciudades, aunque las familias más pudientes pueden evitar este reclutamiento pagando altas sumas de dinero. En cualquier caso, el servicio obligatorio podrá durar hasta cinco años, mientras se mantenga en vigor el estado actual de emergencia decretado por las autoridades militares. Desde Praefuturus, hemos visto con alarma como la seguridad de la mayoría de los ciudadanos birmanos se ha ido degradando a medida que ha escalado el uso de ataques con explosivos en las ciudades, a la vez que las las guerrillas y grupos armados rebeldes derrotaron al Ejército birmano en la ciudad de Laukkai y otras regiones del país. De hecho, un documento de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ya informaba el año pasado del crecimiento de los campos de cultivo de opio en Birmania, desbancando a Pakistán como mayor productor mundial, así como también alertaba contra la intensificación de las conflictos armados y redes criminales.
